El bullying es un problema que afecta a niños y adolescentes, dejando secuelas emocionales y psicológicas en las víctimas. Pero más allá del impacto personal, también puede tener consecuencias legales para quienes lo ejercen, así como para sus familias y los centros educativos que no actúen a tiempo. En este artículo te hablamos sobre las leyes que lo regulan y sus sanciones y cómo proceder en caso de bullying. 

Contar con asesoramiento legal es fundamental para afrontar situaciones como el bullying, un problema que puede acarrear consecuencias jurídicas para agresores, víctimas y centros educativos. Nuestra plataforma web Easyabogado te ofrece acceso a profesionales especializados que pueden orientarte sobre los pasos a seguir en caso de acoso escolar.

¿Qué leyes hay sobre el bullying?

La legislación española establece mecanismos tanto de prevención como de sanción en los casos de acoso escolar, con el objetivo de proteger a los menores y garantizar su derecho a un desarrollo seguro y libre de violencia.

1. Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia

Esta ley tiene como objetivo prevenir y actuar ante cualquier forma de violencia contra menores de edad, incluyendo el acoso escolar. Establece la obligación de los centros educativos de adoptar protocolos específicos contra el bullying y designar un coordinador de bienestar y protección para garantizar un entorno seguro para los alumnos. También refuerza la intervención de las administraciones públicas en la detección y protección de las víctimas.

2. Ley Orgánica de Educación 

Esta normativa obliga a los centros educativos a garantizar un entorno seguro para los estudiantes. Específicamente, establece la necesidad de incluir medidas de prevención, detección e intervención ante casos de acoso escolar en sus normativas de convivencia. También señala que los centros deben adoptar sanciones disciplinarias en casos de bullying y ofrecer apoyo a las víctimas.

3. Responsabilidad civil de los padres 

Cuando el agresor es menor de edad, sus padres o tutores pueden ser considerados responsables civiles de los daños causados por su hijo. Los progenitores tienen el deber de responder económicamente por las acciones de sus hijos menores si estos han causado un daño a otra persona, a menos que puedan demostrar que ejercieron la diligencia debida para evitarlo.

4. Código Penal

El bullying puede constituir un delito si las agresiones alcanzan ciertos niveles de gravedad. Dependiendo de la situación concreta puede considerarse que se está cometiendo una serie de delitos u otros. 

¿Cómo se castiga el bullying en España?

Las consecuencias del bullying para el agresor en España dependen de la gravedad del caso y en ocasiones, de la edad del agresor. Puede conllevar medidas disciplinarias dentro del ámbito escolar, sanciones administrativas y, en los casos más graves, consecuencias penales.

Los centros educativos están obligados a intervenir en situaciones de acoso escolar, aplicando sanciones disciplinarias a los agresores según su normativa interna. Además, si el acoso implica violencia física, amenazas o humillaciones graves, puede ser denunciado ante las autoridades y dar lugar a sanciones más severas, tanto para el agresor como para sus tutores legales.

¿Qué sanciones hay para el bullying? 

Como hemos comentado, pueden existir diversas medidas disciplinarias. Las sanciones por bullying pueden darse en tres ámbitos: escolar, penal y civil.

A nivel escolar, los centros educativos pueden aplicar medidas disciplinarias como la expulsión temporal o definitiva, el cambio forzoso de colegio, la suspensión de ciertos derechos dentro del centro y la participación obligatoria en programas de reeducación o mediación. Estas sanciones buscan corregir la conducta del agresor y proteger a la víctima.

En el ámbito penal, si el agresor tiene 14 años o más, puede enfrentarse a medidas como trabajos en beneficio de la comunidad, internamiento en centros de menores en casos graves, órdenes de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima. También puede imponerse una indemnización económica por los daños causados, y en los casos más graves, cuando el acoso implica lesiones, amenazas o coacciones reiteradas, el responsable puede ser condenado a penas de prisión.

Por otro lado, en el ámbito civil, los padres o tutores del agresor pueden ser considerados responsables y verse obligados a indemnizar a la víctima por los daños sufridos. Además, si el centro educativo no ha actuado adecuadamente para prevenir o frenar el acoso, también puede ser considerado responsable y asumir consecuencias legales. En situaciones de ciberbullying, cuando el acoso se realiza a través de medios digitales, las sanciones pueden incluir multas e incluso penas de prisión si se vulneran derechos fundamentales como la privacidad o el honor de la víctima.

¿Cómo proceder legalmente ante el bullying? 

Cuando un menor sufre bullying lo primero que hay que hacer es hablar con el centro educativo para que estos puedan activar su protocolo en caso de acoso escolar. La primera persona con la que se debería hablar es con el tutor del menor y con el director, en algunos colegios pueden dirigir a los padres al coordinador encargado de este tipo de casos. 

Sería recomendable realizar por escrito la comunicación explicando los hechos de manera detallada y solicitar que se mantenga informado a los padres de la evolución del caso. 

Por otro lado, hay que recopilar todas las pruebas que sean posibles. En este ámbito es necesario mantener por escrito todas las declaraciones del menor, así como de los testigos si los hubiera. En el caso de agresiones físicas, habría que realizar fotografías de los daños e informes médicos si los hubiera. Si el acoso se ha producido en entornos virtuales, realizar capturas de pantalla. Estas pruebas serán necesarias en el caso de que haya procedimientos judiciales. 

Si el caso es realmente grave y se considera que el centro no ha puesto las medidas necesarias o no han sido suficientes, se deberá interponer una denuncia ante la polícia. En este ámbito será la fiscalía de menores quien se encargará de evaluar el caso. 

Un abogado penalista especializado en bullying juega un papel clave en la defensa de los derechos del menor. Este profesional ofrecerá un asesoramiento personalizado, analizando la situación y explicando las vías legales disponibles, desde la mediación hasta la posible interposición de una demanda. Con su ayuda, los padres pueden entender mejor las implicaciones jurídicas del caso y tomar decisiones informadas para garantizar la seguridad del menor. 

Además, el abogado se encarga de todo el proceso legal, desde la redacción y presentación de las demandas hasta la representación en juicio si fuera necesario. En casos de acoso escolar, también puede actuar como intermediario con el centro educativo para buscar soluciones sin llegar a tribunales. Su objetivo es garantizar que se protejan los derechos del menor y, en su caso, obtener una compensación justa por los daños sufridos.

Otras preguntas relacionadas con el bullying

¿Qué es el bullying?

El bullying es una forma de violencia de manera reiterada que se produce entre o hacia menores de edad y principalmente, en entornos escolares. Cuando existe bullying se producen agresiones de diferentes tipos hacia la víctima con el objetivo de humillarla, someterla o excluirla. Para que se considere bullying debe existir intencionalidad y repetición, es decir, el agresor actúa con intención de dañar y de manera constante en el tiempo. 

¿Qué tipos de bullying existen? 

El bullying puede manifestarse a modo de agresiones de diferentes tipos. 

• Bullying físico: incluye cualquier tipo de contacto físico que cause daño a la víctima.

• Bullying verbal: cualquier expresión oral o escrita que busque intimidar o ridiculizar a la víctima. 

• Bullying psicológico: consiste en la manipulación, chantaje o intimidación a la víctima. 

• Bullying social: cuando el objetivo es aislar a la víctima mediante la manipulación del entorno. 

• Ciberbullying: todas las acciones que ocurran a través de los medios digitales, como el acoso, las amenazas o cualquier acción que tenga el objetivo de dañar a la víctima en el entorno virtual.